Información Legal

Ponemos a disposición de nuestros clientes el Departamento de Atención al Cliente a través del cual canalizar quejas o reclamaciones.

• Por carta a: Singular Bank, Apartado de Correos 100.163, 28001 Madrid.
• O por correo electrónico: reclamaciones@singularbank.es

Tal como está establecido en el Reglamento del Servicio de Atención al Cliente serán por escrito, deberán incluir los documentos probatorios que estimen necesarios y los siguientes datos:

1. Nombre, apellidos y domicilio del interesado o persona que lo representa y acreditación de la representación y NIF si es persona física y datos del Registro en caso de ser una persona jurídica.
2. Motivo de la reclamación y cuantía en su caso.
3. La oficina, departamento o servicio donde se hubieran producido los hechos objeto de la reclamación.
4. Declaración de que el reclamante no tiene conocimiento sobre si la cuestión objeto de reclamación está siendo sustanciada en un procedimiento administrativo, arbitral o judicial.
5. Lugar, Fecha y firma.

Para ver más en detalle, puedes consultar el Reglamento de funcionamiento del SAC.

Un mes desde su presentación en el Servicio de Atención al Cliente o en la dirección de correo electrónico.

En caso de reclamaciones relativas a condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios de pago o a los derechos y obligaciones en relación con la prestación y utilización de servicios de pago, el plazo será de 15 días hábiles desde su presentación en Servicio de Atención al Cliente o en la dirección de correo electrónico. 

Una vez agotada la vía del departamento de Atención al Cliente de nuestra entidad, el cliente puede elevar quejas o reclamaciones a las entidades con competencia en materia de protección de clientela en mercados nacionales o formularles una consulta al respecto:

Servicio de Reclamaciones del Banco de España
C/ Alcalá 48, 28014 MADRID
Si lo deseas, puedes ampliar esta información en la web del Banco de España.

Departamento de inversores CNMV
Calle Edison No4 28006 MADRID
Si lo deseas, puedes ampliar ahora esta información en la web de la CNMV.

MIFID II exige la clasificación de los clientes a los que se prestan servicios de inversión, Self Bank ha optado por un único segmento para su clientela, clasificando a la misma como clientes MINORISTAS, que otorga el mayor grado de protección al inversor.

Por otra parte, MIFID II requiere a todas las entidades jurídicas que deseen operar en los mercados financieros que dispongan de un código LEI (Identificador de Entidad Legal) para poder identificarse en las transacciones financieras que ordenen. Por ello, todos los clientes de Self Bank que sean personas jurídicas deberán disponer de un código LEI para poder operar con valores negociables en los mercados de valores de la Unión Europea.

Los productos sujetos a la normativa MIFID II (fondos de inversión, valores negociados como acciones, valores de renta fija, derivados, productos estructurados, etc.) se pueden clasificar en dos grupos: productos complejos y no complejos. Los productos no complejos son aquellos que cumplen las siguientes características:

1. Se pueden reembolsar de forma frecuente a precios conocidos por el público.
2. El inversor no puede perder un importe superior a lo que invirtió inicialmente.
3. Existe información pública, completa y comprensible sobre las características del producto.
4. No son productos derivados.

Los productos complejos serán aquellos que no cumplen con todas o alguna de las características anteriores (i.e. derivados, futuros, opciones, swaps, warrants, turbowarrants, contratos por diferencias (CFD), etc.). Esta distinción, establecida por la Directiva MIFID y completada por la nueva Directiva MIFID II es muy relevante. MIFID II refuerza los criterios de clasificación de productos complejos y no complejos establecida por la normativa MIFID, considerando los instrumentos complejos de deuda (bonos convertibles, pagarés rescatables, bono con vinculación crediticia) y los depósitos estructurados como productos complejos, entre otros. Dado que, con carácter general, resulta más difícil comprender las características y riesgos que llevan asociados los productos complejos, se requiere evaluar si los clientes minoristas tienen la experiencia y/o conocimientos suficientes para entender las características y riesgos asociados a dichos productos o servicios de inversión. Para satisfacer este requerimiento en Self Bank realizamos un "Test de Conveniencia" que será formulado a los clientes antes de la prestación del servicio o contratación del producto, de tal forma que, en el supuesto de que el instrumento no resulte conveniente para el cliente, nuestra entidad sólo podrá tramitar la operación solicitada si previamente le advierte de ello y el cliente acepta expresamente los riesgos asociados al instrumento financiero.

La variación mínima del precio de las acciones y de instrumentos financieros asimilados es un elemento de ordenación del mercado y debe estar ajustado al perfil de liquidez del instrumento.

Aunque en la práctica los centros de negociación ya aplicaban un tamaño mínimo del tick, la nueva normativa establece medidas armonizadoras a nivel europeo, en función de rangos de precio y bandas de liquidez por número de operaciones del mercado más líquido.

Para más información puedes consultar el documento de preguntas y respuestas sobre la aplicación MIFID de la CNMV.

1. Hemos establecido una Política de Ejecución de órdenes sobre los distintos instrumentos financieros, con el fin de obtener los mejores resultados posibles para nuestros clientes.
2. Además, hemos establecido una Política de Conflictos de Interés que puedan surgir en nuestra actividad con clientes, con el fin de preservar los intereses de los mismos.
3. Así como una Política de Salvaguarda de Instrumentos Financieros para salvaguardar los derechos de propiedad de los clientes.

Además, anualmente Self Bank publica el Informe sobre los principales centros de ejecución e intermediarios y sobre la calidad de la ejecución obtenida.

A continuación ponemos a tu disposición información que consideramos que puede resultar de tu interés:

• MIFID II - Directiva 2014/65/UE, de 15 de mayo de 2014
• MiFIR - Reglamento UE 600/2014, de 15 de mayo de 2014
• Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia del mercado de valores.
• Real Decreto-ley 14/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.

Aquí podrás acceder a los Actos Delegados y de Ejecución de la Comisión: Directivas y Reglamentos

En España, la Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y el bloqueo a la financiación del Terrorismo tiene por objeto la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica mediante el establecimiento de obligaciones de prevención para los sujetos obligados. La mencionada Ley supone la transposición de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005.

La Ley 10/2010, de 28 de abril ha sido modificada en ocho de sus artículos por la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en su Disposición Final Sexta.

La aprobación del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril supone la culminación del nuevo enfoque orientado al riesgo de la normativa preventiva en España, incorporando asimismo las principales novedades de la normativa internacional surgidas a partir de la aprobación de las nuevas Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Para Self Bank ha sido objetivo prioritario disponer de un sistema de prevención del blanqueo y financiación del terrorismo eficaz y es por ello que hemos definido un marco basado en los siguientes pilares:

• Política de conocimiento del cliente y del propósito o índole de la relación de negocios significa tener un conocimiento integral de los clientes, y más concretamente "conocer la actividad profesional o empresarial" de los clientes y el propósito de su relación de negocios.
• Política de admisión de clientes: implica conocer "qué personas no pueden ser clientes de Self Bank" y cuáles sí; y de entre las personas aceptadas como clientes, implica conocer el nivel de riesgo de blanqueo de capitales asociado.
• Política de identificación formal de clientes: implica saber "quiénes son" los clientes, y para ello hay que solicitarles los documentos de identificación correspondientes.
• Política de identificación del titular real: implica saber si los clientes actúan en nombre propio o de terceros, y en este último caso, implica saber por cuenta de quién actúan. En el caso de clientes personas jurídicas, implica conocer la estructura de propiedad o de control de las mismas.

Este marco de actuación ha sido diseñado en línea con los requerimientos legales de la normativa vigente y con la aprobación e involucración de los miembros del Consejo de Administración.

Como entidad financiera en Self Bank estamos obligados a disponer de copia de determinados documentos de nuestros clientes y ello con el objetivo de verificar su identidad, actividad económica o profesional, el origen de sus fondos y propósito de la relación de negocios. El incumplimiento de este requisito legal podría obligarnos a cancelar las cuentas de los clientes que no aporten dicha documentación.

Cuestionario de Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Es un sistema de intercambio automático de información tributaria entre países que permitirá a las Administraciones tributarias de los países adheridos disponer de forma periódica de información fiscal de las inversiones o posiciones que sus contribuyentes mantienen en instituciones financieras situadas en el extranjero.

Los principios generales del sistema CRS están inspirados en la normativa FATCA impulsada por Estados Unidos durante el año 2014, ya que se establecen procesos similares de identificación, documentación y clasificación de clientes. La principal diferencia es que la clasificación de los clientes según CRS se realiza en función de su residencia fiscal, mientras que FATCA sigue un criterio de ciudadanía.

El primer objetivo de esta nueva normativa supranacional es, por tanto, incrementar la información disponible para las autoridades fiscales de los países miembros, que les permita, de ese modo, prosperar en la lucha contra la evasión fiscal.

51 países, entre ellos España, firmaron un primer Acuerdo impulsado por la OCDE en octubre de 2014, que establece las directrices a seguir por las entidades financieras extranjeras para el intercambio de información fiscal entre los países miembros. Actualmente son ya más de 70 los países que han mostrado su compromiso con el sistema CRS.

La entrada en vigor de CRS es el 1 de enero de 2016, fecha de inicio de las obligaciones de identificación y documentación (due diligence), habiéndose establecido el 30 de septiembre de 2017 para el primer intercambio de información entre países miembros.